La Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias ha elaborado una Cartera de Servicios de Atención Temprana, fechada en mayo de 2026, que pretende homogeneizar los criterios de derivación de niños menores de seis años. El documento aporta mejoras clínicas y organizativas, pero también introduce restricciones diagnósticas que merecen un análisis detenido. ¿Estamos ante una cartera que garantiza la atención integral o ante una delimitación de quién puede acceder a determinados recursos?
Una cartera necesaria, aunque no exactamente completa
La Atención Temprana constituye un derecho reconocido por la Ley andaluza 1/2023. Su finalidad no es únicamente tratar trastornos del neurodesarrollo ya establecidos, sino actuar precozmente ante situaciones que puedan comprometer el desarrollo infantil.
El documento, elaborado por un grupo de trabajo multidisciplinar con representación de las ocho provincias andaluzas, responde a una necesidad real: reducir la variabilidad de los criterios de derivación y evitar que niños con necesidades similares reciban respuestas diferentes según su lugar de residencia.
El trabajo revisa numerosos diagnósticos, incorpora bibliografía clínica, examina controversias y trata de actualizar una clasificación parcialmente desfasada: la Organización Diagnóstica de Atención Temprana (ODAT).
Sin embargo, aunque se titula Cartera de Servicios de Atención Temprana, el propio texto se presenta como un informe técnico que contribuye a elaborar e implantar una cartera común. Su contenido se dedica fundamentalmente a determinar qué diagnósticos permiten derivar a las Unidades de Seguimiento y Neurodesarrollo (USN).
No desarrolla exhaustivamente las prestaciones que recibirán los niños y sus familias: modalidades e intensidad de intervención, recursos responsables, tiempos de acceso, continuidad e indicadores de resultados. Estamos ante una propuesta de ordenación del acceso más que ante una cartera prestacional plenamente desarrollada.
Lo que mejora: criterios clínicos más precisos
El documento introduce aclaraciones útiles para Pediatría de Atención Primaria. En el ámbito neonatal distingue entre riesgo biológico y necesidad de tratamiento. Considera que los recién nacidos de menos de 1.500 gramos deben incorporarse a un programa de intervención, mientras que los menores de 32 semanas requieren seguimiento y los de menos de 28 semanas se consideran de alto riesgo.
También evita utilizar automáticamente determinadas circunstancias perinatales como justificación de tratamiento: una puntuación baja de Apgar, por sí sola, no diagnostica encefalopatía hipóxico-isquémica ni permite pronosticar el desarrollo neurológico individual.
En alteraciones auditivas, visuales, motoras y del lenguaje se introducen criterios clínicos y funcionales más detallados. Se reconoce, además, que los retrasos del lenguaje en niños pequeños pueden evolucionar de manera incierta y que no siempre es razonable esperar a confirmar un trastorno persistente antes de solicitar valoración.
Es especialmente positivo admitir la derivación por signos de alerta detectados desde Pediatría de Atención Primaria o desde centros de educación infantil, aunque aún no exista un diagnóstico etiológico. Esa vía debe conservar suficiente amplitud para que la exigencia de un código no retrase la intervención.
El principal problema: diagnósticos que no permiten derivar por sí solos
La decisión más discutible aparece en los apartados dedicados a trastornos de la expresión somática, trastornos emocionales y trastornos de la regulación y del comportamiento. El documento señala que no son derivables como diagnóstico principal y que solo pueden incorporarse como secundarios cuando coexisten con otro trastorno que sí justifique la derivación.
Esas categorías de la ODAT incluyen problemas de sueño y alimentación, regulación emocional, ansiedad, vinculación y conducta, además de códigos relacionados con el trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH). Esto no significa que todos estos problemas requieran necesariamente sesiones terapéuticas en un Centro de Atención e Intervención Temprana (CAIT): algunos corresponden a Pediatría, Salud Mental u otros dispositivos.
Pero una cosa es determinar el recurso adecuado y otra muy diferente impedir que determinadas necesidades constituyan por sí mismas un motivo de valoración en Atención Temprana. Ante un niño pequeño con dificultades graves de autorregulación o alteraciones de la vinculación, ¿quién realiza la evaluación integral y qué circuito garantiza una respuesta oportuna? El documento no desarrolla suficientemente ese itinerario asistencial.
Riesgo familiar y social: reconocerlo no basta
Los factores familiares y ambientales de riesgo se consideran exclusivamente diagnósticos secundarios. La distinción puede resultar útil para codificar, pero plantea problemas si se transforma en una barrera de acceso. La adversidad psicosocial puede preceder a un retraso del desarrollo clínicamente detectable. Esperar a que aparezca ese trastorno podría limitar la función preventiva de la Atención Temprana.
La propuesta debe explicar qué circuitos permiten valorar e intervenir sobre el riesgo psicosocial cuando todavía no existe una alteración funcional observada. Si esos circuitos existen, es preciso identificarlos y coordinarlos; si no existen, puede quedar una necesidad desatendida.
¿Qué ocurría antes en Andalucía?
El Decreto 85/2016 reconocía una concepción amplia de la Atención Infantil Temprana, con dimensiones psicomotora, sensorial, cognitiva, comunicativa, afectiva y social, además de la intervención sobre familia y entorno. La Orden de 13 de diciembre de 2016 estableció condiciones materiales y funcionales de los CAIT.
Esos textos no son una lista exhaustiva de diagnósticos derivables comparable, punto por punto, con la propuesta de 2026. Por ello no puede afirmarse que todos los problemas ahora considerados secundarios tuvieran antes garantizado un tratamiento específico. Sí puede constatarse que el enfoque normativo anterior es más amplio que una selección de códigos diagnósticos. Concretar el acceso no debe estrechar indebidamente el alcance de la atención integral.
El Sistema Nacional de Salud y el consenso estatal
El Real Decreto 1030/2006 incluye en la cartera común del Sistema Nacional de Salud la detección precoz de problemas del desarrollo infantil y la coordinación de la Atención Primaria con los servicios especializados. No establece, sin embargo, una lista única y exhaustiva de diagnósticos que deban tratar los CAIT de todas las comunidades autónomas.
La referencia estatal más específica es el Consenso Estatal para la Mejora de la Atención Temprana, publicado en el BOE en marzo de 2025. Propone un modelo integral y preventivo, centrado en el niño, la familia y su entorno, y contempla riesgos biológicos, psicológicos y sociales.
Entre sus objetivos se encuentra que el tiempo desde la detección hasta el acceso efectivo a Atención Temprana no supere los 45 días, con implantación progresiva. El I Plan Integral de Atención Temprana de Andalucía 2025-2029 contempla objetivos inferiores a 30 días para la valoración por las USN desde la derivación e inferiores a 90 días para iniciar intervención en un CAIT cuando esté indicada. No son indicadores idénticos, porque sus puntos de partida y sus desenlaces son distintos; la comparación exige medir el itinerario completo que experimentan las familias.
¿Qué hacen otras comunidades autónomas?
La comparación requiere cautela: las comunidades distribuyen de manera diferente las responsabilidades entre Sanidad, Educación y Servicios Sociales. La Ley 6/2021 de la Región de Murcia contempla expresamente los riesgos biológicos, psicológicos y sociales y las intervenciones dirigidas al niño, la familia y el entorno, con programas de intervención familiar ante determinados factores sociales de riesgo.
Aragón dispone de un Programa de Atención Temprana para menores de seis años con discapacidad, trastornos del desarrollo o riesgo de presentarlos, con evaluación, intervención y apoyo a la familia. Madrid, por su parte, regula mediante el Decreto 46/2015 un procedimiento de reconocimiento de la necesidad de Atención Temprana y articula las funciones de distintos ámbitos de la administración.
Esas diferencias normativas no permiten asegurar, sin datos comparables, que otra comunidad atienda más niños, lo haga más rápido o tenga una cobertura efectiva superior. Sí muestran que una cartera integral debe explicar también quién se ocupa de los niños que no acceden a un CAIT y cómo se evita la discontinuidad asistencial.
Una metodología participativa, pero poco transparente en sus decisiones
La elaboración mediante grupos de trabajo provinciales y consenso profesional constituye una fortaleza. No obstante, el informe no presenta con suficiente detalle los desacuerdos iniciales, los criterios de evidencia que motivaron cada inclusión o exclusión, ni el grado de consenso alcanzado para las recomendaciones controvertidas.
Tampoco ofrece una estimación del impacto de los cambios de criterios sobre derivaciones, recursos alternativos o necesidades no cubiertas. La selección de diagnósticos podría modificar sustancialmente la demanda asistencial, pero no hay proyecciones cuantitativas para valorarlo.
El propio documento reconoce la necesidad de actualizar la ODAT y sus equivalencias con las clasificaciones diagnósticas actuales. Hasta que exista esa actualización, serán necesarias instrucciones operativas claras para evitar interpretaciones diferentes entre profesionales y provincias.
¿Qué nos llevamos a la consulta?
Para los equipos de Pediatría de Atención Primaria, la propuesta ofrece argumentos útiles para identificar riesgo neonatal, distinguir seguimiento e intervención y justificar derivaciones por alteraciones funcionales del desarrollo, lenguaje, comunicación, audición, visión y motricidad.
No debería interpretarse como una invitación a disminuir la vigilancia del neurodesarrollo ni a desatender los problemas emocionales, conductuales o psicosociales durante los primeros seis años. Detectar la necesidad sigue siendo nuestra responsabilidad, incluso cuando la intervención corresponda a otro dispositivo.
Ordenar el acceso sin estrechar el derecho
La Cartera de Servicios de mayo de 2026 supone un avance en la homogeneización de criterios clínicos de derivación. Pero para convertirse en una verdadera cartera integral necesita justificar las exclusiones, identificar los circuitos alternativos, medir los tiempos efectivos de acceso, garantizar continuidad y evaluar resultados.
Una buena cartera no debería limitarse a responder qué niños pueden entrar en un CAIT. Debería aclarar también qué atención necesitan, quién ha de prestarla, cuándo comienza y cómo se garantiza que ninguno quede sin respuesta.
Fuente
Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias. Secretaría General de Humanización, Calidad y Planificación Asistencial. Cartera de Servicios de Atención Temprana. Junta de Andalucía; mayo de 2026. Documento técnico facilitado para esta lectura crítica.
Otras referencias de interés
Ley 1/2023, de Atención Temprana en Andalucía.
Decreto 85/2016, de Atención Infantil Temprana en Andalucía.
Orden de 13 de diciembre de 2016, sobre los CAIT.
I Plan Integral de Atención Temprana de Andalucía 2025-2029.
Real Decreto 1030/2006. Cartera común de servicios del SNS.
Consenso Estatal para la Mejora de la Atención Temprana (2025).
Ley 6/2021 de Atención Temprana de la Región de Murcia.
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