¿Cuántas horas de pantalla son demasiadas? La pregunta es habitual en la consulta, pero quizá no sea la más importante. Un informe conjunto del Comité de Bioética de España y del Consejo Nacional de Ética para las Ciencias de la Vida de Portugal, aprobado el 20 de febrero de 2026, propone mirar más allá del reloj: qué hace el menor en línea, qué deja de hacer y quién le acompaña. El documento reclama también responsabilidades concretas a las administraciones y a las empresas tecnológicas.
No todo uso intensivo es patológico, ni toda exposición es inocua
El documento reconoce que las tecnologías digitales ofrecen aprendizaje, creatividad, participación, información y redes de apoyo. También constata asociaciones entre usos problemáticos y alteraciones del sueño, ansiedad, síntomas depresivos, sedentarismo, molestias musculoesqueléticas, problemas visuales y dificultades relacionales. La intensidad y la dirección de estas relaciones varían con la edad, las circunstancias familiares, los contenidos y las vulnerabilidades previas.
La precisión metodológica importa. Buena parte de la evidencia procede de estudios observacionales: las asociaciones suelen ser heterogéneas, a menudo pequeñas, y pueden operar en ambas direcciones. Un adolescente con ansiedad puede refugiarse en las redes sociales, y determinadas experiencias digitales pueden agravar su malestar. De estas observaciones no se desprende que cualquier uso de pantalla cause depresión o trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH).
El informe distingue expresamente entre uso frecuente y uso problemático, definido por pérdida de control y deterioro funcional. Tampoco equipara todas las conductas con una «adicción»: la CIE-11 reconoce específicamente el trastorno por videojuegos y el trastorno por juego de apuestas; no autoriza a diagnosticar «adicción a las pantallas» solo por superar cierto número de horas.
El aparente desacuerdo sobre los límites de tiempo
El preámbulo recoge las recomendaciones difundidas por la Asociación Española de Pediatría en 2025: evitar pantallas entre los 0 y 6 años salvo usos concretos acompañados; hasta una hora diaria entre los 7 y 12 años y hasta dos horas entre los 13 y 16, incluyendo el uso escolar. Sin embargo, el análisis y las conclusiones del propio informe advierten que no hay base sólida para definir el daño mediante un único umbral rígido y universal.
La distinción es relevante: los límites orientativos pueden facilitar acuerdos familiares, especialmente en edades tempranas, pero no son pruebas diagnósticas ni sustituyen una valoración individual. Una videollamada con familiares, una tarea escolar, una exposición nocturna a contenido violento y el desplazamiento compulsivo por vídeos no son experiencias equivalentes.
Qué cambia en nuestra consulta
La propuesta más útil es incorporar una breve anamnesis digital a la atención preventiva y a las consultas por problemas de sueño, conducta, rendimiento escolar, cefalea, problemas emocionales o conflictos familiares. No hace falta convertir cada visita en un interrogatorio sobre dispositivos; sí reconocer el entorno digital como un determinante más de la salud.
- Preguntar por el contexto: ¿qué aplicaciones utiliza?, ¿para aprender, jugar, relacionarse o evadirse?, ¿con quién?, ¿a qué hora?, ¿qué contenidos le resultan incómodos o peligrosos?
- Buscar repercusión funcional: alteración del sueño, abandono del ejercicio o juego, conflictos persistentes, aislamiento, deterioro escolar, pérdida de control o malestar cuando no puede conectarse.
- Explorar riesgos específicos: ciberacoso, contactos sexuales no deseados, exposición a violencia o pornografía, apuestas, compras dentro de videojuegos, contenidos sobre autolesiones o trastornos alimentarios y uso de chatbots como sustitutos de apoyo emocional.
- Conocer las fortalezas: amistades, aprendizaje, creatividad y apoyos digitales que sería perjudicial retirar indiscriminadamente.
- Incluir a los adultos: la atención fragmentada por los teléfonos de madres, padres y cuidadores, especialmente durante comidas, juego o conversación, también forma parte de la historia clínica del entorno.
De la primera infancia a la adolescencia: intervenciones diferentes
En menores de seis años, la prioridad es proteger el vínculo, el lenguaje, el juego libre y el sueño. Conviene explorar la televisión de fondo, el uso de dispositivos para calmar sistemáticamente las emociones y la interferencia del teléfono de los cuidadores con la interacción cotidiana. Las excepciones compartidas y con un objetivo concreto no deben confundirse con consumo pasivo continuado.
En escolares, interesa pactar espacios y momentos sin pantallas, supervisar los contenidos, proteger el descanso y promover juego activo, lectura y convivencia. Más que una simple prohibición, buscamos hábitos sostenibles y adultos que den ejemplo.
En adolescentes, debemos añadir privacidad, autonomía progresiva y escucha sin culpabilizar. Preguntar por experiencias digitales dañinas resulta especialmente importante ante ansiedad, autolesiones, alteraciones de la imagen corporal o aislamiento. Si aparecen ideación suicida, explotación sexual, amenazas o violencia, la respuesta debe activar la valoración clínica y los circuitos de protección pertinentes, no limitarse a recomendar menos móvil.
Una obligación compartida, no otra tarea sin recursos para Atención Primaria
En la versión oficial del informe enlazada al final de esta entrada, el apartado 5, «Recomendaciones» (epígrafe III, pp. 75–76), atribuye a las organizaciones de la salud y de los servicios sociales y a sus profesionales responsabilidades concretas: proporcionar formación para detectar precozmente comportamientos de riesgo, establecer una red de derivación para menores en riesgo, participar en la elaboración de protocolos de intervención clínica y social y coordinarse con escuelas, fuerzas de seguridad, familias y entidades públicas especializadas en ciberseguridad para identificar y seguir situaciones persistentes de uso problemático. En la página 76 (epígrafe IV, punto 2), propone además que la sociedad civil impulse centros locales de alfabetización digital familiar, entre otros posibles espacios, en centros de salud.
Estas recomendaciones ofrecen una orientación razonable, pero no constituyen por sí mismas un programa asistencial implantado. En Andalucía, traducirlas a la práctica exigiría tiempos para prevención, materiales fiables, formación de pediatría y enfermería, criterios consensuados de derivación y acceso real a Salud Mental Infanto-Juvenil y a los recursos de protección. Sin estos apoyos, el riesgo es añadir nuevas exigencias a consultas ya sobrecargadas.
El documento dirige además su mirada a las plataformas digitales. Propone limitar diseños que favorecen la permanencia compulsiva —como la reproducción automática o el desplazamiento infinito—, reforzar la privacidad, la verificación proporcional de la edad y la protección frente a contenidos dañinos. Esa es una aportación fundamental: no se puede pedir exclusivamente autocontrol a menores y familias mientras el diseño de algunas aplicaciones persigue retener su atención.
Qué debemos matizar del informe
Estamos ante un dictamen ético con revisión narrativa de estudios, no ante una revisión sistemática con búsqueda reproducible y evaluación formal de la certeza de cada desenlace. Su fortaleza reside en integrar derechos de la infancia, salud, equidad y responsabilidades institucionales; su principal limitación clínica es que no permite estimar el beneficio absoluto de cada intervención o determinar un umbral individual de daño.
En algunos apartados el lenguaje sobre los efectos «directos» resulta más categórico que las cautelas metodológicas expresadas por el propio documento. También se citan datos del estudio EU Kids Online 2020, recogidos entre 2017 y 2019: útiles como referencia histórica, pero insuficientes para describir por sí solos los hábitos digitales actuales.
Conviene además distinguir propuestas y leyes vigentes. El informe comenta el proyecto español de ley orgánica para proteger a menores en entornos digitales, incluidas medidas de control parental y prevención sanitaria. Esas medidas no deben presentarse automáticamente como obligaciones aprobadas. La disolución del Congreso y del Senado el 6 de octubre de 2026 interrumpió la legislatura en la que se tramitaba el proyecto.
¿Qué nos llevamos a la consulta?
Más que prescribir un número aislado de minutos, debemos identificar cuándo la vida digital desplaza necesidades esenciales, facilita experiencias perjudiciales o pierde su carácter voluntario. Preguntar sin prejuicios, proteger el sueño, preservar el juego y los vínculos, acompañar a las familias y detectar daño real son actuaciones proporcionadas. Y si pretendemos que estas tareas se hagan de forma sistemática, corresponde a las instituciones dotar a Atención Primaria de herramientas y recursos, no limitarse a recomendarlo.

Fuente
Comité de Bioética de España y Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida de Portugal. Impacto del uso excesivo de las tecnologías digitales en la salud de la infancia y la adolescencia: valoración ética. 2026. Consultar informe completo (PDF).
Otras referencias de interés
Asociación Española de Pediatría. Recomendaciones sobre pantallas en la infancia y adolescencia (actualización 2025, citada por el informe).
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